15/04/08- La propuesta del gobierno es un avance, pero no alcanza: pretende socorrer a un actor que ya no está en escena. Pero además, el problema de fondo, que no se resuelve, es el del uso y la tenencia de la tierra. El que antes era propietario, hoy es pequeño rentista, y el que era colono hoy es contratista de los grandes, que fijan el precio de sus labores. El resultado es un sistema productivo de “agricultura sin agricultores”, que trae aparejado la disolución del tejido social rural, el despoblamiento y crisis del interior.
Está claro que la nueva propuesta del gobierno propone avances. De hecho se fundamenta sobre varios de los ejes que hemos planteado, semanas atrás, en nuestro Proyecto de Ley de sistema de compensación a productores agropecuarios. Entendemos como correcta la exención de derechos de exportaciones mediante un reintegro directo vía CBU, entendiendo que ese mecanismo es el más ágil para que, efectivamente, el dinero retorne al productor. Además, con ese sistema los productores deberemos tributar entre un 30% y 35% en concepto de Impuesto a las Ganancias, que es un impuesto coparticipable, a diferencia de los Derechos de Exportación, mejorando, en cierto punto, la recaudación fiscal de las diferentes provincias a las que pertenezcan aquellos.
Ahora bien, aunque es un avance, es una medida insuficiente ya que viene a socorrer a un actor que ya no se encuentra en el sector productivo. Hoy día, un productor que cuente con las 150 hectáreas de tierras con una aptitud agrícola como para producir las 500 toneladas de soja planteadas por el Gobierno Nacional, ya ha abandonado el sector para pasar a ser un pequeño rentista. Éste es un nuevo actor social, que en los últimos tiempos se hace cada vez más presente, que ha dejado de ser productor ya que la estructura necesaria para trabajar un pequeño número de hectáreas, hace inviable la renta.
A destiempo
Por su parte, la medida de apertura del registro de exportación también es positiva, pero llega a destiempo, ya que los pequeños y medianos productores ya han comercializado el trigo que tenían en su poder y, en todo caso, esa medida los beneficiará recién en diciembre de este año, cuando se levante la cosecha del cereal. Asimismo, muchos productores, desde hace ya un año, esperamos las compensaciones del trigo que se articulan mediante la Oficina Nacional de Control Comercial Agropecuario (ONCCA), que apuntan a mejorar para los productores los precios establecidos en el mercado interno.
“Micro” no es lo mismo que “pequeño y mediano”
No podemos dejar de destacar que la medida anunciada por la Presidente alcanza a aquellos productores que tengan una facturación inferior a 420.000 pesos anuales, entonces es erróneo que beneficie a los pequeños y medianos productores ya que, según datos oficiales de la Subsecretaria de la Pequeña y Mediana Empresa y Desarrollo Regional (SEPYME) una empresa que facture por debajo de los 456.000 pesos anuales es una micro empresa quedando, claramente, fuera los pequeños y medianos productores.
En su disposición N° 147/2006 y N° 22/2001, la SEPYME planteó que “actualmente, la clasificación que se utiliza para definir a una empresa como MiPyME depende de las ventas anuales promedio de los últimos tres ejercicios, siendo diferente el corte de acuerdo al sector al que pertenezca la firma”, y acompañó la explicación con un cuadro (ver “Anexo”) que plantea que en el sector agropecuario una Microempresa es la que factura hasta 456.000 pesos anuales, una Pequeña es la que factura anualmente hasta 3.040.000 y una mediana la que factura hasta 18.240.000.
Ante ello resulta sumamente llamativo lo distante del monto tope tenido en cuenta para acceder al “beneficio” planteado por el Gobierno Nacional y la facturación necesaria para considerar a un productor como pequeño empresario.
El problema de fondo
Esto evidencia que la discusión central que hoy día se plantea no se agota en la pugna por algunos puntos, más o menos, en el porcentaje de las retenciones. El problema de fondo sigue siendo el uso y la tenencia de la tierra, junto con las bases sobre las que se debe asentar el proceso productivo que permita la generación de riqueza en nuestro país.
Insistimos en que los acontecimientos que se han vivido y que se viven en el país por estos días tiene un solo antecedente comparable y es aquel Grito de Alcorta de 1912, donde los pequeños chacareros, colonos en ese entonces, disputaban el uso y la tenencia de la tierra; pugnaban por el acceso a la tierra. Ese movimiento que tuvo tres ejes fundamentales muy similares a los que se dan en nuestro contexto: el alto precio de los arriendos, el alto precio de la tierra y el desalojo de esos colonos. Eso provocó el Grito de Alcorta, que fue una pueblada como la que se ha dado por estos días, con la diferencia de que en esta oportunidad abarcó a todo el país.
Los grandes y los chicos
Si bien en 1912 los arrendamientos eran excesivos, ya que oscilaban entre el 30 y el 45 por ciento de lo producido, hoy se da una situación más compleja: los arriendos se establecen en quintales fijos de soja. De esta manera, cada vez que un productor pequeño o mediano accede a una campaña nueva “se compra una deuda” que no sabe si va a poder afrontar, porque depende de factores externos, como el clima o los precios internacionales, y cada año, por la espiral ascendente de los precios enloquecidos que tienen los granos, ese arrendamiento va aumentando: antes era entre 8 y 10, luego de 10 a 12 quintales fijos, hoy es de 15 a 17 quintales fijos, muchas veces por adelantado, y ya se habla de entre 15 a 20 quintales para la próxima campaña de este año.
Entonces, ¿quién puede competir en esas condiciones? Solamente lo pueden hacer los grandes, los fideicomisos financieros, los pooles de siembra, los que tienen la posibilidad de abaratar gastos en las compras y bajar costos en las ventas, los que tienen la posibilidad de extorsionar a los contratistas con los precios de las labores porque de lo contrario no pueden pagar la herramienta que compraron. El proceso es muy claro: el que era propietario, hoy es pequeño rentista, y el que era colono, tenía sus herramientitas y pagaba un porcentaje para poder trabajar, hoy es contratista de los grandes, que le fijan el precio de sus labores. Esto también lo sabemos todos los que pertenecemos al sector.
Como resultado de aquel proceso deviene la concentración. En el país se producen aproximadamente 40 millones de toneladas de soja; 8 mil productores producen el 75 por ciento y 72 mil productores producen 10 millones de toneladas contra 30 millones de la primera franja. Si hacemos un análisis lineal, matemático, con una calculadora –que es erróneo pero sirve como ejemplo‑, concluimos que 8 mil productores utilizan como propiedad o arriendo 12 millones de hectáreas y que 72 mil productores utilizan 4 millones de hectáreas. La riqueza es la tierra, y todos sabemos que ésta es la disputa de fondo de la que estamos hablando.
Cien mil productores menos
Podemos citar algunos datos provenientes del Censo Nacional Agropecuario y que son verdaderamente elocuentes. Por ejemplo, desde el año 1988 a 2002 han dejado de pertenecer al concepto de productor agropecuario 103.405 productores, es decir, un 24,5 por ciento de los 421.221 que había en 1988 y que para el 2002 esa cantidad se redujo a 317.816. En la Pampa Húmeda, en ese mismo período, ha disminuido un 30 por ciento: de 196.000 productores en 1988 a 135.000. En Entre Ríos, en el mismo período se han perdido 5.555 explotaciones agropecuarias, casi todas ellas pequeñas y medianas, y junto con ellas la vida de muchos pueblos del interior. Debemos fomentar mecanismos de distribución de la riqueza para que los pequeños rentistas del campo retomen su oficio original, que es el de productor agropecuario, y dejen de arrendar sus tierras a los pooles de siembra, asumiendo las riendas de su propia empresa familiar.
El nuevo anuncio del Gobierno Nacional no diferencia cultivos ni aptitudes del suelo, ya que habla de 500 toneladas sólo de soja y se hizo referencia a aquellos que tienen 150 hectáreas, pero sin contemplar la aptitud de los suelos. No es lo mismo esa cantidad de tierra en la pampa húmeda que en el norte de nuestro país.
Reconocer las asimetrías
La cantidad de 500 toneladas, aplicándole el 35% de retenciones es insuficiente. Ante ello se debería aumentar el tonelaje compensado o, al menos, se debería liberar de retenciones a aquellas 500 toneladas. Para solucionar este problema es necesario reconocer las asimetrías existentes y establecer un esquema de derechos de exportación que sea diferencial, es decir que con un criterio progresivo, establezca un parámetro fundado en el tamaño de la explotación agrícola y la producción obtenida.
El que nosotros hayamos planteado en nuestro proyecto la exención de los derechos de exportación por debajo de las 2.400 toneladas de maíz, 1.000 de trigo, 700 de girasol, 1.000 de soja y 1.800 de sorgo; responde a indicadores fundamentales que hay que tener en cuenta en el análisis de la realidad socio-económica del sector. Es por ello que en nuestro proyecto tomamos en cuenta el promedio producido durante los últimos 10 años en relación a las hectáreas de tierra sembradas y la aptitud agrícola de los suelos. (ver “Anexo”)
Como lo señala el historiador del agro, Eduardo Azcuy Ameghino, un productor con 100.000 hectáreas, con rinde bajo, 3 toneladas por hectárea, produce 300.000 toneladas de granos. Con 100 hectáreas, produce 300 toneladas. El primero tiene otro costo de producción. No compra el gasoil en el surtidor, sino mayorista. El fertilizante con un descuento del 18% sobre el precio minorista. La mano de obra, llama a licitación de contratistas, que pugnan por hacerle la cosecha más barata. Y vende mejor, por poder de mercado. Tiene bastante más rentabilidad. Los que presentan estas características son el 10% de los productores agropecuarios”. El resto son los chacareros pequeños y medianos, sobrevivientes de los miles que desaparecieron entre 1988 y el 2002.
El tejido social dañado
Es necesario diferenciar, con relación a los productores, dos sectores claramente distintos. Por un lado, una gran cantidad de pequeños y medianos productores que si bien han sido beneficiarios de la coyuntura internacional, experimentan crecientes problemas de rentabilidad de sus explotaciones, que justifican la protesta en la que están involucrados. Estos productores han visto incrementarse en el último año sus costos de producción medidos en dólares en aproximadamente un 65%. Se les dificulta el acceso al crédito y sólo lo obtienen a tasas exorbitantes, y la infraestructura que se les brinda para su producción es escasa y se encuentra en un deteriorado estado general.
El actual modelo productivo ha erosionado, y lo continúa haciendo, al tejido social del medio rural. La deserción de aquellos actores sociales, que de ser pequeños productores pasaron a ser pequeños rentistas, y la práctica habitual de grandes concentraciones de tercerización de tareas a través de contratistas, ha profundizado el proceso de desplazamiento de pequeños y medianos productores al punto de encontrarnos con un sistema productivo de “agricultura sin agricultores”, que trae también como correlato la disolución del tejido social rural, con graves consecuencias de despoblamiento y crisis de pueblos y comunas del interior.
Ausencia de políticas
El ministro Lousteau habló de los efectos negativos del boom de la soja, como el encarecimiento de la tierra y la retracción en la producción de otros artículos como leche o maíz, y ante esto hay dos cuestiones que no son menores. Por un lado la retracción se da por la ausencia de políticas que estimulen las producciones regionales que, por ejemplo, llevan a un tambero a abandonar su sector por la imposibilidad de sostener la actividad a causa de la no rentabilidad.
En lo que respecta al encarecimiento de la tierra, es una cuestión aún más preocupante y que ya hemos referido, que hace que los pequeños y medianos productores entreguen una porción cada vez mayor de su producción en conceptos de arriendos. Entonces, ya que desde el Gobierno Nacional no se les da respuestas satisfactorias a los productores, ni se diferencia entre cultivos, ni calidades de suelo, bueno sería que se promuevan términos de arrendamiento por porcentaje de producción y no sobre quintales de soja.
Los procesos aquí intervinientes son altamente complejos y, a lo largo del tiempo, han quedado irresolutos. Después de veinticinco años de democracia ya es tiempo de que avancemos, a través del consenso, en resolver los profundos problemas que nuestro país tiene con este sector, que todos sabemos que es vital ya que, quien más, quien menos, todos tenemos alguna relación directa o indirecta con el campo.
