Una vez más, la crisis agropecuaria y las estrategias del gobierno para abordarla vuelven a tener protagonistas principales y convidados de piedra. Mientras se juega al desgaste de la oposición, el campo se queda sin productores.
Por LISANDRO VIALE*
El Gobierno Nacional, poniendo su energía en recuperarse del resultado electoral adverso, busca herramientas que le permitan romper el bloque que amenaza con quitarle la mayoría parlamentaria a partir de diciembre. En ese camino, ha vuelto a la carga con la Ley de Arrendamientos, ya utilizada con los mismos fines el año pasado, en pleno conflicto agropecuario.
Este escenario muestra una difícil tarea por delante: buscar acuerdos que no resquebrajen la unidad estratégica y que hagan sentir el pronunciamiento ciudadano que el 28 de junio reclamó cambios en la gestión.
Creemos que es fundamental escuchar a quienes no tienen voz en el recinto y padecen más intensamente la crisis del sector. Empujados a dejar su tierra por una lógica de escala, los chacareros quedan sin opciones frente al monumental proceso de concentración de la producción agropecuaria argentina, cambiando la fisonomía de una pampa gringa que parecía que nunca iba a dejar de estar sembrada de familias, chacras, escuelas rurales, pequeños pueblos.
Casi un siglo atrás resonaban en el Congreso estas palabras del Dr. Juan B. Justo: “Viajando por la provincia de Córdoba, por el sud de Santa Fe y por la Pampa, uno de los rasgos más salientes del paisaje es la tapera, la habitación derruida, abandonada (…) y el cultivo único, siempre igual, malo no sólo porque esquilma la tierra, porque la empobrece, siempre de los mismos componentes, de las mismas substancias, sino también porque el trabajo de los hombres se distribuye muy desigualmente durante el año y se concentra todo en épocas determinadas, con intervalos prolongados en los que no se sabe qué hacer”.
¿Cómo es posible, cien años después, encontrar el mismo diagnóstico? Sólo por la deserción del Estado y la ausencia de planificación agropecuaria hemos podido dar este rodeo y pararnos, otra vez, en el punto de partida.
Inconsciente o indiferente a esta tragedia nacional, el Gobierno intenta utilizar la Ley de Arrendamientos, una reivindicación histórica de los pequeños y medianos productores, como una simple estrategia de ocasión para conservar el poder. Así, trae una propuesta originalmente presentada por la Federación Agraria Argentina al Congreso, y la transforma en el ariete para romper la Mesa de Enlace, haciendo eje en las diferencias que puedan existir en cuanto al uso y tenencia de la tierra.
Los socialistas no vamos a caer en el juego absurdo de utilizar el Congreso de la Nación para jugar sólo intereses de la dirigencia política, mientras las necesidades de los ciudadanos quedan entre las cuentas pendientes para más adelante.
Estamos convencidos de que hace falta legislar sobre contratos agrarios, para proteger al pequeño y mediano productor y porque la antigua Ley de Arrendamientos Nº 13.246 quedó, con la reforma de la dictadura, transformada en una cáscara vacía que permite pactar contratos anuales sin perjuicio para propietarios y arrendadores.
Sin embargo, seguimos creyendo que el camino más práctico sigue siendo el de reformar la Ley existente, en lugar de debatir los casi 100 artículos de la Ley propuesta. Tal como sucedió con la Ley de emergencia agropecuaria, aprobada recientemente por unanimidad, es importante dejar de lado exigencias sectoriales y avanzar en un puñado de artículos que sean medulares para que concite el consenso generalizado de todos los bloques.
A nuestro entender, la nueva Ley de Arrendamientos debería contemplar tres aspectos fundamentales:
1) Frenar el éxodo de los productores pequeños y medianos.
2) Cuidar el recurso suelo.
3) Garantizar la seguridad alimentaria.
Para asegurar la estabilidad del productor en su campo y evitar el éxodo es necesario fijar un tope en los arriendos y en los porcentajes de aparcería, establecidos como porcentaje del rendimiento promedio de los cultivos, para tornar menos conveniente para el propietario terciarizar la producción. Estos topes serán más bajos en caso de contratos por menor período de tiempo que el mínimo de tres años.
También debería contemplar la conservación del recurso suelo, evitando el monocultivo de soja. Para ello es imprescindible que los arriendos se paguen en quintales del mismo cultivo o unidades de producción de la actividad pecuaria que se realizará en ese contrato (es decir, el que siembre maíz, pague en quintales de maíz; quien produce leche pague en litros de leche, y así). Además, entendemos que se debe establecer una rotación con gramíneas del 30 por ciento de la superficie anual cultivada.
Es fundamental evitar la concentración de la producción y el crecimiento desmedido de los fideicomisos de siembra. Para ello está bien poner límites a la cantidad de tierra que puede tomar un arrendador que, además, debería fijar domicilio fiscal en la provincia donde realizará la explotación y registrar el contrato en la comuna correspondiente.
Este viernes 21 de agosto fue ovacionado en la Cámara de Diputados don Humberto Volando, a quien propusimos como Mayor Notable de Argentina. Menos homenajes simbólicos y más hechos legislativos concretos en defensa del pequeño y mediano productor es lo que quisiéramos ofrendar a este hombre que simbolizó una lucha sin cuartel contra la concentración del uso y la tenencia de la tierra y por el bienestar del pequeño y mediano productor.
Una nueva Ley de Arrendamientos es central para definir hacia dónde quiere avanzar la Argentina, pero ésta debe incorporar estos ejes que acabamos de enumerar porque de no ser así seguiremos afianzando el actual modelo de “agricultura sin agricultores”
* Diputado Nacional. Partido Socialista de Entre Ríos. Ingeniero agrónomo y productor agropecuario.
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