El Partido Socialista quiere instrumentar una instancia de consulta ciudadana por la construcción de la represa Ayuí Grande. Así lo expresó el diputado nacional Lisandro Viale (PS Entre Ríos) en un proyecto de Resolución que ingresó esta tarde a la Cámara de Diputados. Fue acompañado por la presidenta del Bloque del PS Mónica Fein y los diputados Miguel Barrios, Alicia Ciciliani y Horacio Alcuaz (GEN).
La represa Ayuí Grande en Corrientes, que ha desatado polémica entre los vecinos y agrupaciones ambientalistas, es un emprendimiento de capitales privados que dejaría bajo agua 8.000 hectáreas de humedales y bosque nativo, afectando la flora y la fauna del lugar. Se crearía además un lago artificial doce veces más grande que el casco urbano de Mercedes. Está proyectada a tan solo 47 kilómetros de la Reserva Provincial del Iberá, conocida como Esteros del Iberá. Las organizaciones ecologistas que han llevado adelante este reclamo, plantean no sólo una queja sobre lo ilegal del proyecto, sino también una advertencia sobre posibles daños en la reserva provincial.
Viale explicó las razones por las que propone una consulta a la ciudadanía, “la importancia en la implementación de un mecanismo de participación popular radica en su poder de construcción de consenso”, señaló, “y sobre todo dejaría claro que los argentinos hemos aprendido la lección que nos enseñó Gualeguaychú: es aconsejable que se resuelva entre todos lo que nos podría afectar a todos, en vez de esperar que la insatisfacción del reclamo social provoque un fenómeno masivo de difícil salida”.
Por otro lado, los vecinos han afirmado que sería la primera vez que un emprendimiento privado, en procurar de beneficio de particulares, se apropiaría de un bien público de esta dimensión. "Porque los ríos y los arroyos son de todos y no pertenecen a los propietarios de tierras a su alrededor".
Según consigna el diputado en el proyecto, el asunto incumbe a dos derechos humanos de los pobladores de la vecina provincia de Corrientes: por un lado el derecho a vivir en un ambiente sano; y por el otro, el derecho de toda persona a tomar parte en las decisiones que puedan afectarla tanto en sus consecuencias como en los posibles riesgos que entrañe la concreción de dicha decisión.
“Es indispensable que se actúe responsable y rápidamente, se frene el avance de la obra hasta que se pueda realizar una consulta popular, y sobre todo”, resaltó el diputado “que estas acciones queden totalmente fuera de la recurrente disputa que mantienen el gobierno y el Grupo Clarín desde 2008” , finalizó el diputado.
