Señor presidente:
Indudablemente, la visión de la diputada oficialista preopinante con respecto a la nuestra parecería referirse a un país distinto.
El progresismo de una gestión se expresa con la máxima claridad en sus prioridades presupuestarias, y año tras año debemos reiterar las mismas objeciones ante la discusión del proyecto de presupuesto nacional que envía el Poder Ejecutivo.
Las objeciones son las mismas, porque la voluntad política del oficialismo sigue siendo mantener el statu quo, pese a los discursos de transformación que se enarbolan desde el partido de gobierno.
Nuevamente, reclamamos que el presupuesto incluya los fondos para dar a los jubilados la movilidad que les corresponde. Respecto de los recursos tributarios, el oficialismo, después de siete años de gestión –aunque habla de la distribución de la riqueza-, sigue soslayando discutir la estructura tributaria del país, que es regresiva, conservadora y enemiga de la equidad. Este gobierno, nuevamente, como en cada año anterior, en lugar de abordar el tema, lo agrava y profundiza.
El proyecto de ley incluye aspectos tributarios que no sirven para modificar la regresividad del sistema impositivo argentino. Al contrario, los números del presupuesto vuelven a mostrar al IVA –el impuesto más regresivo de todos-, a los derechos de exportación –que no diferencia entre los productores grandes y chicos- y al impuesto a los débitos y créditos bancarios, los que en términos porcentuales crecen respecto del año anterior.
Precisamente, los impuestos que gravan el consumo y la producción son los ejes de la recaudación de un gobierno que se dice progresista y que manda al máximo responsable del ente recaudador a los medios y a la Comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara de Diputados a denunciar la evasión, como si fuera un periodista de investigación, en lugar de encarar una reforma tributaria integral, después de siete años de vacas gordas, que no fueron aprovechados para replantear la estructura de inequidad que existe en la Argentina.
En estos siete años hay otras materias pendientes del gobierno. Los fondos que corresponden por ley a las provincias les son sistemáticamente negados con el solo objetivo de manejarlas en forma discrecional, como premio o castigo para subordinarlas y disciplinarlas, en una violación notoria del federalismo que declama nuestro sistema institucional y que sólo en mi provincia representa casi mil millones de pesos menos, siendo Entre Ríos una de las jurisdicciones que más aporta en materia de retenciones.
Como conclusión, sería imposible para los socialistas apoyar un presupuesto de estas características, que sigue negando a las provincias lo que les corresponde en virtud de la Constitución Nacional. Se sigue soslayando la necesidad de replantear el esquema tributario y se mantienen las exenciones a la renta financiera, mientras al mismo tiempo se hacen discursos sobre la producción.
Se continúa desjerarquizando a las universidades nacionales y desobedeciendo la resolución de la Corte Suprema de Justicia que indica que debe garantizarse la movilidad de las jubilaciones.
Volviendo a mi provincia, diciendo prácticamente lo mismo que en años anteriores, siguen sin aparecer los fondos para el dragado del río Uruguay, del cual depende en gran medida la reactivación de un sistema productivo y el futuro de toda una región.
Seguimos reclamando que se cumpla la promesa realizada en 2006 en Concepción del Uruguay por el entonces presidente Néstor Kirchner y las reiteradas ratificaciones de esa promesa por parte de la actual presidenta de la Nación. Hasta el día de la fecha no se ha hecho absolutamente nada, y entre las excusas que se utilizaron está el tema de la planta de Botnia. No es progresismo seguir engañando a los entrerrianos y entrerrianas y dejar en ridículo a las autoridades provinciales que ven así los resultados de su alineamiento incondicional con el gobierno.
También hay que decir que hay aspectos que se modificaron. Sería necio negar que en el debate del presupuesto del año pasado afirmamos que lo prioritario en la Argentina era un ingreso ciudadano de la niñez que permitiera a cada niño que nace contar con un piso de ingreso monetario para colocarlo en igualdad de oportunidades, a cambio de lo cual la familia garantizará la tenencia de su documento nacional de identidad y la colocación de los calendarios de vacunas y de escolaridad obligatorios.
Dijimos entonces que todos –oficialistas, opositores, políticos y no políticos‑ sabíamos que los recursos estaban. Esto fue sistemáticamente negado por el oficialismo. Afortunadamente fue instrumentado y lo destacamos porque durante años lo reclamamos. Con errores, limitaciones y falencias pero se avanzó con una iniciativa que da un paso hacia el desarrollo de un Estado social de derecho que permita dejar atrás la pobreza y el clientelismo si se tiene en cuenta la propuesta de mejoramiento del sistema, y sobre todo si se institucionaliza la asignación por hijo mediante una ley, que la haga verdaderamente universal y que plantee una cláusula de ajuste automático que permita mantener el poder adquisitivo de los beneficios percibidos. Eso sería un presupuesto progresista.
Ahora en un sentido similar insistimos en que también están los fondos para que nuestros jubilados tengan un ingreso digno. El 82 por ciento no es un capricho ni una consigna; es un derecho. No es posible seguir teniendo una ANSES rica que financie todas las políticas de la gestión y al mismo tiempo jubilados pobres. La ANSES maneja un presupuesto de 100.000 millones de pesos anuales. Tiene un fondo de garantía que ya supera los 150.000 millones, arroja una rentabilidad anual de 8.500 millones y alcanza año a año importantes superávits. Mientras tanto, el 75 por ciento de los jubilados percibe jubilaciones que los colocan en situación de pobreza.
En este tema, también todos sabemos que los fondos están, que hay fuentes de financiamiento existentes y otras que pueden crearse, como las planteadas por nuestro bloque, que no sólo harían posible cumplir con lo proyectado sino que lo tornarían sostenible en el tiempo. Sólo mediante la restitución de los aportes patronales para las grandes empresas a los valores anteriores a 1993 podrían recaudarse más de 20.000 millones de pesos con destino al sistema de seguridad social.
También hay otras fuentes posibles de financiamiento, como el impuesto a la renta financiera, que permite recaudar un adicional de unos 10.000 millones de pesos anuales. Eso también sería progresismo. Esperamos que el oficialismo recapacite en este tema, como lo hizo con la asignación universal para la niñez, y se revise la tremenda injusticia e indignidad que sufren nuestros jubilados. Al mismo tiempo, pretendemos que esto se haga mediante una ley, como lo quiso este Congreso, y no ninguneando la institucionalidad o queriendo imponer en lugar de construir consensos transformadores. Vetar el 82 por ciento tampoco es progresismo.
Insisto en que no es grato tener que reclamar estos aspectos a un gobierno que dice ir en el sentido de la igualdad.
El presupuesto es el principal hecho político, la principal herramienta que revela el rumbo de las prioridades de un gobierno. Este presupuesto, una vez más, está muy lejos de ser progresista. Seguimos desperdiciando siete años de crecimiento económico sostenido sin reformas estructurales. Los socialistas no queremos consenso para dejar las cosas como están. Queremos el consenso de la transformación para avanzar hacia un país más equitativo y más igualitario.
Por suerte, después de casi tres años de discusión hemos conseguido que este Parlamento entienda que las retenciones a los granos deben ser segmentadas para no tratar como iguales a quienes no lo son. En el mismo sentido va nuestro planteo respecto de los jubilados.
Afirmando y consolidando lo expuesto por la presidenta de nuestro bloque, ratificamos nuestra oposición a este proyecto de ley de presupuesto.
Gracias.
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