El presidente del Bloque de diputadas y diputados socialistas Lisandro Viale, propuso rechazar el aumento del peaje en el Puente Rosario-Victoria, porque “a pesar de las irregularidades que detecta la misma Auditoría General de la Nación, el Estado deja sin efecto las penalidades por incumplimiento y les permite renegociar la tarifa, favoreciendo claramente a esta empresa sobre otras”, expresó.
El diputado nacional Lisandro Viale, propuso en el Congreso de la Nación rechazar el aumento del peaje del Puente Rosario-Victoria. Además, pidió anular el acto administrativo que deja sin efecto las penalidades aplicadas a la empresa Puentes del Litoral S.A. por incumplimiento de contrato de concesión. Asimismo, solicitarle al Ejecutivo la rescisión del contrato en base a las conclusiones de la Auditoría General de la Nación, que detectó 35 irregularidades, y dirigirse a la Oficina Anticorrupción para que inicie las acciones legales correspondientes.
El Estado Nacional otorgó la obra en concesión de obra pública por peaje con subvención para la construcción, mantenimiento y explotación a la empresa Puente del Litoral S.A. integrada por varias empresas. El contrato de concesión se firmó el 28 de enero de 1998, fue aprobado por el Decreto Nº 581/98 y el organismo encargado del control fue la Comisión Transitoria Rosario-Victoria, hasta la creación en 2001 del Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI).
El presupuesto total de la obra, según el contrato original firmado con la Empresa Concesionaria y sus posteriores modificaciones, ascendía a 377 millones de pesos, de los cuales 234 millones aportaría el Estado Nacional, incluyendo 10 millones de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos respectivamente, y 143 millones a la empresa concesionaria. Tanto la Nación como las provincias de Santa Fe y Entre Ríos cumplimentaron la totalidad de sus obligaciones. El pliego obligaba a Puentes del Litoral S.A. a obtener financiamiento de sus socios y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Como resulta de público conocimiento, a partir del año 2002, la concesionaria manifestó la imposibilidad de obtener el financiamiento comprometido, hecho que motivó el otorgamiento de una asistencia financiera por parte del Estado Nacional de 51.648.352 pesos, con el objeto de evitar la paralización de las obras. “El incumplimiento de esta obligación básica del pliego, amén del perjuicio que significa para el Estado Nacional, otorga a Puentes del Litoral una condición de privilegio respecto a las otras empresas que se presentaron a la licitación”, explica Viale.
En 2002 se realizó una auditoría con el objeto de determinar el valor real de las obras de la conexión física, y se detectó que éste era un 10 por ciento inferiror a lo planificado y disitntos problemas en la carpeta asfáltica. En 2004, el resultado de la Auditoria es concluyente: se detectan 35 situaciones irregulares.
Como dato concluyente, la Auditorá revela que la empresa Puentes del Litoral S.A. no se encontraba en condiciones financieras de ser receptora de un préstamo de la Nación, teniendo indicadores de nivel de endeudamiento de 99,99 por ciento. Las proyecciones de los técnicos afirman que la empresa no se encuentra en condiciones de cumplir el contrato y que incluso, con una proyección de la concesión a 25 años, no cancelaría jamás la deuda con el Estado Nacional. Además, en 2007, se le otorga una “readecuación tarifaria” y se le agregó como premio la condonación de las multas hasta la fecha.
“El Estado no puede hacer la vista gorda a estas irregularidades, y no sólo eso, sino que ha premiado a la empresa condonándole las multas. A una empresa que según proyecciones no podrá afrontar las deudas con el mismo Estado. El aumento de tarifas tiene un sustento muy débil y poco serio, y aún menos seriedad exhibe la condonación de las multas, este Gobierno sigue favoreciendo a las empresas amigas”, opinó Viale.
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