El Bloque de diputados nacionales del Socialismo, expresó hoy su “más enérgico rechazo a la represión y desalojo de la comunidad Qom de Colonia La Primavera dispuesta por las autoridades de la Provincia de Formosa”. Pidieron que la Cámara de Diputados exprese su repudio ante los hechos de discriminación y violencia ocurridos el 23 de noviembre. Lisandro Viale (PS Entre Ríos) calificó de “irresponsable” la forma en que actuó el Gobierno de Formosa.
Diputados y diputadas nacionales del Bloque socialista, ingresaron al Congreso un proyecto en el que piden a la Cámara de Diputados de la Nación que exprese su más enérgico repudio a los actos de violencia ocurridos el 23 de noviembre en Colonia La Primavera en Formosa.
Hace varios meses que los miembros de la comunidad toba “Qom Navogoh” mantienen un reclamo para que se les restituyan tierras que pertenecen a la comunidad y que fueron dispuestas por las autoridades públicas para la construcción del Instituto Universitario Agropecuario. El predio fue objeto de distintas acciones violentas de desalojo durante el mes de enero del año 2010 y el INADI debió intervenir mediante la presentación de distintas acciones judiciales. A pesar de ello los miembros de la comunidad continuaron en su reclamo pero ante la desatención por parte de las autoridades provinciales los miembros de la comunidad decidieron cortar la Ruta Nacional Nº 86.
El día 23 de noviembre las autoridades provinciales dispusieron el desalojo de los miembros de la comunidad enviando un centenar de miembros de las fuerzas policiales desencadenando violentos hechos en los que se vieron involucrados los miembros de la comunidad, los aparentes propietarios de las tierras en cuestión, autoridades policiales y judiciales. Como consecuencia de fallecieron dos personas y que otras tres resultaron heridas. Entre las personas fallecidas y heridas se encuentran miembros de la comunidad y agentes de la policía provincial.
“Aunque hay distintas versiones acerca de cómo ocurrieron los hechos, los socialistas creemos que ninguna de ellas justifica el accionar represivo y violento del Estado ante una comunidad originaria que estaba desarmada”, señaló el diputado nacional Lisandro Viale. “Además, se encontraban defendiendo su derecho constitucional a la propiedad comunitaria establecida en la ley 26.160 que prohibió el desalojo de las comunidades de aquellas tierras ocupadas en forma tradicional”, finalizó.
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