OPINIÓN
La superficie sembrada de trigo llegó al piso más bajo en cien años. La intervención estatal es imprescindible para atenuar la catástrofe de este cultivo en la Argentina, situación causada por la torpeza e impericia del Gobierno nacional. Aquí se explican dos propuestas presentadas en el Congreso de la Nación para que el hilo no se corte por lo más delgado.
Por Lisandro Viale *
¿Qué ocurre con el trigo? Pasan dos cosas excepcionales, que sin embargo no son sorpresas. La primera es que: en momentos en que está por ingresar la cosecha a los acopios, el productor se encuentra con que su mercadería no tiene precio ni compradores, salvo que esté dispuesto a malvenderla.
El segundo dato excepcional es que la de 2009 es la superficie de siembra más baja en los últimos 100 años y producirá la peor campaña desde 1977, según lo muestran las cifras oficiales de noviembre de 2009 del MAGyP (Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca). Las estadísticas no mienten: en 1903, a caballo y con trilladoras fijas, se sembró un 20% más de trigo que en el siglo de la tecnología, con información satelital y mejoramiento genético.
Menos trigo, más soja
¿Cuál es la explicación de este fenómeno? La falta de planes y el desconocimiento con que se ha manejado el Gobierno respecto al trigo –repetidos con el maíz– han determinado una magra cosecha nacional por segundo año consecutivo y además sin compradores para el producto, lo que de alguna manera corona un ciclo de persistente e incomprensible desaliento de la siembra de nuestro cereal emblemático.
Paradójicamente, según las mismas fuentes oficiales, la superficie sembrada de soja este año se incrementará una vez más, lo que demuestra que no hay lucha contra la sojización, pese a lo declamado por el gobierno.
La forma de evitar que un cultivo se generalice es fomentar cultivos competidores; más aún si el que se intenta limitar es el más rentable. En términos agronómicos el trigo no compite con la soja, porque son cultivos en contraestación que no ocupan simultáneamente el suelo. Pero en la Argentina lo imposible se hace real, y ante el escenario de incertidumbre muchos productores han preferido la inversión más segura. Así, la soja se transformó en competidora del trigo.
Manual para terminar con el trigo
El Gobierno parece actuar con un manual de cómo hacer desaparecer el cultivo de trigo en el país. La receta es sencilla: intervenga durante años el mercado fijando cupos de exportación, aplíquele derechos de exportación incompatibles con la rentabilidad del cultivo, déjelo librado a la competencia con cultivos más rentables, transfiera lo recaudado a cualquier otro actor económico del país o del extranjero, menos a la promoción de su cultivo y, por último, obligue al productor a subsidiarle el trigo los molinos harineros. El resultado es redondo: Según consignan la Bolsa de Cereales de Bs As y el MAGyP la superficie sembrada cayó de 6 a 3 millones de ha respecto a seis años atrás, mientras la de soja aumentó de 14 a casi 19 millones de ha en igual período.
Los exportadores ya hicieron sus operaciones cubriendo el escaso cupo establecido por el Gobierno y prácticamente han desaparecido del mercado. El productor que sembró trigo, y que para hacerlo debió sumar endeudamiento al que arrastraba de las cosechas adversas de los diferentes cultivos que realizó en la campaña 2008-2009, llega hoy con capacidad financiera nula, y necesita vender imperiosamente para ponerse al día. Esto es aprovechado por los molineros, que ofrecen por tonelada valores que rondan el 20% menos que el precio oficial que difunde el gobierno (valor FAS).
Medidas complementarias
Ante este panorama, se precisan medidas extraordinarias, que protejan al pequeño y mediano productor agropecuario. Y como entendemos que ese camino se transita con políticas activas, hemos presentado dos propuestas en el parlamento que aunque parezcan contradictorias son complementarias.
Por un lado, hemos planteado que el Estado compre a los productores que comercialicen hasta 1.000 toneladas por año y al precio FAS, el trigo que está llegando hoy a los acopios y de esta manera hacerse cargo del virtual subsidio que cobra la molinería con la diferencia de precio.
Paralelamente, en otra propuesta hemos solicitado al Poder Ejecutivo Nacional que vuelva a recomponer el desvirtuado mercado de trigo incrementando en 3,5 millones de toneladas el cupo de exportación, para que sobre ese volumen la puja de oferta y demanda haga llegar el precio al productor a los niveles publicados por el Gobierno. Al mismo tiempo, generar nuevamente un precio de referencia que traiga normalidad y transparencia a los mercados y por último, el pago de las compensaciones adeudadas a los productores.
La intervención estatal en un mercado no es buena ni mala en sí misma, puede jugar un papel positivo o negativo, según a qué actores de la producción y la economía del país se beneficia. Cuando el Gobierno Nacional interviene el mercado de trigo con el supuesto afán de mantener el precio del pan más accesible a la comunidad, sostiene una falacia, porque el precio del trigo tiene una incidencia del 15% sobre el precio final del pan. Y así como la proclamada campaña de reducir el cultivo de soja resultó en su incremento, al pretender cuidar al “país del trigo” logró lo inverso: una excepcional reducción de su superficie cultivada.
La decisión a tomar sigue siendo parte de un debate que planteamos desde el primer día que llegamos al Congreso de la Nación: si queremos una agricultura con agricultores, entonces las políticas deben apuntar a sostener a los pequeños y medianos productores. De otro modo, el hilo se seguirá cortando por lo más delgado.
