El diputado socialista Lisandro Viale se refirió a las novedades en el marco de la causa judicial en manos del juez federal Gustavo Pimentel, iniciada por el Poder Ejecutivo Nacional contra los asambleístas por el corte de Arroyo Verde. El legislador entrerriano reclamó nuevamente que el Estado abandone la decisión de criminalizar la protesta social y recordó el proyecto presentado en la Cámara de Diputados de la Nación en el que se insta al Ministro Aníbal Fernández a presentarse ante el cuerpo legislativo para ser interpelado acerca del proceso que culminó con una causa contra los asambleístas. El proyecto fue apoyado por Pino Solanas y Claudio Lozano (Proyecto Sur), Atilio Bendetti, Jorge Chemes y Gustavo Cusinato (UCR); Miguel Barrios, Roy Cortina (PS); Miguel Bonasso (Diálogo por Buenos Aires) y Hilma Re (CC).
Lisandro Viale (PS Entre Ríos) se refirió a la información acerca de que el Ministerio Público Fiscal apeló la resolución por la cual el juez Pimentel desestimaba la denuncia hecha por el Ejecutivo nacional relacionada con delitos penales contra los asambleístas. El legislador socialista señaló que "dicha actitud de parte de la fiscal, que recibe instrucciones desde el Ejecutivo, revela que el Gobierno Nacional no ha desistido de la negativa decisión de judicializar la movilización social que protagonizan los vecinos de Gualeguaychú".
Viale recordó que en junio pasado presentó un proyecto en el que se exigía interpelar al Ministro Aníbal Fernández acerca de los acontecimientos que culminaron en la criminalización de la protesta de Gualeguaychú por parte del Gobierno, y prosiguió “creemos que hay pruebas suficientes; y el Juez también así lo remarcó en su decisión, para afirmar que los gobiernos, tanto provincial como nacional, alentaron el corte. Lo que queremos conocer es por qué cambiaron de parecer”, señaló el entrerriano.
El proyecto, presentado el 24 de junio, pide que el Jefe de Gabinete de Ministros, Aníbal Fernández, se presente ante la Cámara de Diputados para ser interpelado sobre la judicialización de la protesta en el corte de ruta de Gualeguaychú.
“Después de años de apoyar el corte y asistir a distintas medidas de la Asamblea Ciudadana Ambiental, el gobierno nacional se presenta como querellante contra un grupo de asambleístas a quienes se acusa de presuntos delitos contra el “orden público” que van hasta los 15 años de prisión” expresó Viale. El diputado resaltó además que entre los delitos de “orden público” se encuentra el art. 235 que penaliza a los funcionarios públicos que alienten o promuevan las mismas acciones que se les imputan a los asambleístas. “Varios funcionarios, e incluso el entonces presidente de nuestro país, Néstor Kirchner, alentaron públicamente el corte declarándolo causa nacional, por nombrar sólo una de las medidas que se tomaron para avalar la lucha de los asambleístas”, expresó el diputado "es incomprensible desde ese punto de vista que se promueva una acción judicial de estas características".
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