El diputado nacional Lisandro Viale (PS Entre Ríos), presentó un pedido de informes acerca de la construcción de terraplenes ilegales en los esteros, bañados y humedales de Corrientes, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos. Se basa en el reclamo de diferentes organizaciones sociales que vienen denunciando cambios en los ecosistemas y cursos de agua por estas obras. Subrayó la necesidad de reglamentar la ley de consorcios de agua en Entre Ríos
Viale presentó esta semana un pedido de informes para que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete, dé cuenta de las acciones tomadas sobre las denuncias de construcción de terraplenes ilegales en “terrenos públicos o privados, canales, obras hidráulicas, secado de bañados, esteros y humedales en diferentes provincias de la Nación Argentina”. Además, que explicite cuáles son las acciones planificadas en torno a esta problemática que afecta incluso a zonas declaradas reserva natural. Asimismo, si se ha establecido algún protocolo que contenga acciones recomendables ante los hechos mencionados, y finalmente, si la secretaría coordina o tiene previsto coordinar políticas con el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA), con los gobiernos provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes.
En los fundamentos de su proyecto el diputado socialista advierte que: "Distintas asociaciones ambientalistas vienen denunciando que en diferentes territorios del país, empresas privadas construyen terraplenes ilegalmente, afectando humedales, secando lagunas y modificando ecosistemas irremplazables que además de amortiguar inundaciones, son criaderos de peces y proveen de agua de muy alta calidad".
El diputado también señala que en Entre Ríos, la empresa holandesa Bema Agri B.V. construye terraplenes ilegales en islas de la provincia afectando también a Santa Fe. "El gobierno provincial entrerriano, a través del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA), intimó a los responsables a cesar las actividades y dio un plazo de 60 días para regularizar la situación. En esta provincia la ley de consorcios de agua lleva el número 9757 y fue promulgada en febrero del 2007 pero sigue sin reglamentarse. Su implementación impediría la construcción y abuso en los recursos hídricos", explica el diputado.
En los fundamentos de su proyecto Viale también da cuenta de la construcción de terraplenes ilegales en las otras provincias anteriormente referidas y señala que, "en todos los casos, incluyendo el de la isla entrerriana de Itapé, las obras se realizaron sin hacerse los estudios de impacto ambiental indispensables para evaluar el daño que producirían o contar con autorizaciones. La preocupación central es que la modalidad denunciada de levantar terraplenes en las zonas de islas y humedales fluviales a lo largo del río Paraná se está "naturalizando" y expandiendo sin límites.
Si bien los recursos naturales constituyen jurisdicción primaria de las provincias, entencdemos como primordial conocer cuál es la labor subsidiaria o concurrente que en este sentido se plantea el organismo estatal que tiene a su cargo", concluye el diputado.
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