Situación de las islas de Victoria

Lisandro Viale, diputado nacional y presidente del Partido Socialista de Entre Ríos, solicitó una audiencia al Fiscal de Estado de la provincia para intercambiar conceptos y ponerse al día sobre la situación, que ha tomado relevancia pública, en las islas de Victoria. La construcción de terraplenes y la producción de granos en las islas tienen un fuerte impacto ambiental, señaló el legislador que desde el año pasado ha denunciado estos hechos y presentado proyectos en consecuencia.

“Lo que sucede en las islas no es menor”, señala Viale y explica que, “en reuniones que hemos mantenido el año pasado con directivos de Administración de Parques Nacionales, ratificaban lo que veníamos señalando desde hace tiempo: que no existe una política activa desde la provincia que apunte a defender los riquísimos ecosistemas de los humedales”.
El diputado comentó que, “desde el año pasado venimos trabajando sobre estas cuestiones desde la banca que el Socialismo entrerriano tiene en el Congreso de la Nación. La razón por la cual solicitamos una audiencia con el Dr. Rodríguez Signes, es que entendemos que estas cuestiones deben ser política de Estado y, en ese sentido, nos ponemos a disposición para lo que podamos aportar”, afirmó.
En 2008, el legislador presentó un proyecto de resolución en la Cámara de Diputados de la Nación en donde solicitaba al Poder Ejecutivo, y por su intermedio a la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable, dependiente de la Jefatura de Gabinete, que “ante las informaciones sobre la construcción de terraplenes ilegales en terrenos públicos o privados, canales, obras hidráulicas, secano de bañados, esteros y humedales en diferentes provincias de la Nación Argentina, particularmente en las provincias de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe y Buenos Aires, se sirvan informar sobre lo siguiente:
a) Si la mencionada Secretaría ha intervenido en esta problemática y de qué manera.
b) En caso de ser negativa la respuesta, indicar qué planes se prevé implementar al respecto.
c) Si la Secretaría de Ambiente, en tanto autoridad de aplicación en la materia, ha elaborado algún protocolo que contenga acciones recomendables ante los hechos mencionados;
d) Si coordina o tiene previsto coordinar acciones en este sentido con el Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA), con los gobiernos provinciales de Santa Fe, Buenos Aires y Corrientes”.
Hoy la discusión nuevamente es puesta en la agenda pública a raíz de la denuncia que recae sobre la empresa Bema Agri B.V; la misma que fue denunciada en 2008 por Viale. En los fundamentos de su proyecto el diputado planteaba que, “la empresa holandesa Bema Agri B.V. construye terraplenes ilegales en islas de Entre Ríos, afectando a esa provincia y a Santa Fe. El gobierno provincial entrerriano, a través del Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua de Entre Ríos (CORUFA), intimó a los responsables a cesar las actividades y dio un plazo de 60 días para regularizar la situación. En esta provincia la ley de consorcios de agua lleva el número 9757 y fue promulgada en febrero del 2007 pero sigue sin reglamentarse. Su implementación impediría la construcción y abuso en los recursos hídricos”.
“Como era de esperar, no hemos obtenido respuestas a nuestras inquietudes, pero mientras tanto la preocupante situación en las islas se sigue profundizando, afectando humedales, secando lagunas y modificando ecosistemas irremplazables que además de amortiguar inundaciones, son criaderos de peces y proveen de agua de muy alta calidad”, concluyó el socialista.