COLUMNA DE OPINIÓN
Por Lisandro Viale.
Luego de cinco años el panorama es más
preocupante. La concentración de la producción y el uso y tenencia
de la tierra continúa profundizándose. Se pulveriza el tejido
social rural y se despuebla el campo. El hilo se sigue cortando por
lo más delgado.
A cinco años de desatado el conflicto
agropecuario, lejos de su resolución, hoy nos encontramos con un
panorama más que preocupante. En aquel momento advertíamos la
irrupción de la figura del pequeño rentista, (exproductores que
abandonaron la actividad y se dedican a arrendar sus tierras), y de
cómo su situación era la antesala para desprenderse finalmente de
la propiedad de su campo. Hoy ese proceso es totalmente constatable
al observar, en distintos puntos de la provincia y el país, las
parcelas en venta que signan la desaparición de miles de familias
genuinamente rurales.
Este círculo vicioso confluye en algo
que también señalábamos, la ruptura del tejido social rural; en
tanto esa familia que primero abandona la producción para arrendar y
luego vende su campo, difícilmente vuelva al sector productivo,
dejando como subproducto el quiebre de su tradición familiar
transmitida por generaciones y la despoblación de la ruralidad.
En este contexto, gran parte de
aquellos pequeños y medianos productores se han convertido en
contratistas de los pooles de siembra. De esta manera se avizora un
trágico destino: si quienes se transformaron en rentistas ahora
venden; quienes hoy son contratistas en poco tiempo quedarán fuera
del circuito productivo por no poder actualizar su paquete
tecnológico en tanto deben sujetarse a las tarifas, de escaso margen
de ganancia, establecidas por los concentrados quienes, a su vez, se
manejan cada vez más con sus propios equipos técnicos que rotan por
el territorio nacional según las necesidades coyunturales.
El conflicto iniciado el 11 de marzo de
2008 por un problema específico del sector agropecuario, devino en
un enfrentamiento que involucró a todo el país, empezando por las
ciudades pequeñas y medianas del interior, a lo que luego se sumaron
los grandes centros urbanos como las ciudades de Córdoba, Rosario y
Buenos Aires. El debate por el aumento de las retenciones terminó
siendo un estallido social por la disputa y la distribución de la
riqueza generada principalmente en el sector primario de nuestra
economía.
A escasos días de desatado el
conflicto, rápidamente planteamos en el Congreso Nacional el primer
proyecto de segmentación de retenciones, con la premisa de que la
idea de “el campo” responde a una realidad compleja y heterogénea
y que deben haber políticas diferenciadas según las escalas
productivas para no “medir con la misma vara” a pequeños y
grandes productores.
Nuestra propuesta consistió en
segmentar los cinco productos más importantes del ámbito granario
que son: soja, trigo, maíz, sorgo y girasol. En el caso de la soja,
planteamos mil toneladas libres de retenciones ya que el 90% de los
pequeños y medianos productores, (que producen el 37% de la
oleaginosa), quedarían incluidos en ese segmento.
Entonces, a partir de ese nivel de
tonelajes, producidos y comercializados en el año se empieza a pagar
la retención vigente, de manera tal de que el productor que más
produce y comercializa tiene que pagar más cantidad de retención
que aquel que está dentro de esas mil Tn. A los grandes productores
no les modifica la existencia, pero para los pequeños y medianos es
la diferencia entre continuar en el circuito productivo o
abandonarlo.
El interior de nuestro país necesita
de los pequeños y medianos productores, como herramienta para
revertir la concentración demográfica en las grandes urbes y la
migración interna que produce el éxodo, principalmente de jóvenes,
de los pueblos a las capitales provinciales y de allí a grandes
ciudades del país. La economía de las localidades del interior, la
posibilidad de multiplicar el valor de las utilidades agropecuarias
en sus pequeños comercios e industrias y la trama social de sus
poblaciones dependen de la supervivencia del productor trabajando su
campo.
Es necesario implementar medidas que
tiendan a proteger y reconstruir el tejido social rural. Hoy, el
futuro del circuito productivo en el sector agropecuario está
librado a las leyes del mercado. Los grupos concentrados avanzan en
el uso y tenencia de la tierra y proponen una estructura productiva
que, por su escala de costos, anula cualquier oportunidad de
competitividad a los pequeños y medianos productores. Ésto ocurre,
además, en un contexto de aparentes buenos precios de los granos
pero en el cual los insumos aumentan de precio según el dólar
paralelo, mientras que la producción se vende al dólar oficial.
Hoy quieren hacernos creer que sólo se
puede producir más carne, más leche y más granos con un puñado de
megaempresas. Para los socialistas esa premisa no sólo es falsa,
sino además nociva para el verdadero desarrollo nacional. Creemos
que es posible producir más con mayor cantidad de productores y con
sus familias diseminadas y arraigadas en todo el territorio nacional.
Ejemplo de ello es el caso de Brasil que desde 2003 ha incorporado
más de 350 mil pequeños y medianos al circuito productivo.
Evidentemente, la segmentación de las
retenciones es una medida insuficiente para revertir el proceso
descripto; entendemos que se debe avanzar con una batería de
políticas específicas que generen condiciones necesarias para
promover a los pequeños y medianos productores. Con esta convicción
fue que impulsamos en el Congreso de la Nación, entre otros,
proyectos como:
·Ley de arrendamientos.
·Ley para productores lecheros de
hasta 3000 litros.
·Ley de Agencia de Control y Arbitraje
de Comercio e Industria Agroalimentaria (ACACIA).
·Ley de jubilaciones rurales.
·Ley de regulación de la actividad
avícola.
·Ley de promoción de la apicultura.
·Ley de tratamiento de envases de
agroquímicos.
El dilema del campo continúa vigente:
En casi tres décadas de democracia han desaparecido más de 160.000
pequeños y medianos productores. Los sucesivos gobiernos no han
sabido, no han podido o no han querido crear las condiciones
necesarias para promover a este actor fundamental del sector
agropecuario. El movimiento cooperativista corre riesgo de
extinguirse al ver desaparecer gran cantidad de sus asociados, en
tanto se nutre de productores locales de escala media o pequeña. Si
la década del 90, caracterizada por la baja rentabilidad, tuvo como
epílogo la desaparición de más de 100.000 productores, los años
que van del 2002 hasta la actualidad, signados por momentos de alta
rentabilidad, permiten contabilizar unos 60.000 productores pequeños
y medianos menos. Como siempre, el hilo se corta por lo más delgado.
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