Esta mañana, por orden judicial, efectivos de la Policía de Entre Ríos intentaron desalojar las tierras donde viven y trabajan alrededor de 30 familias de la localidad de Santa Elena. Lisandro Viale, presidente del Bloque de diputados socialistas afirmó, “responsabilizamos por cualquier daño a la integridad física de los colonos y sus familias al Gobernador y al Juez que entiende en la causa. Hay que buscar el camino del diálogo y no el de la violencia”. Además resaltó “es una muestra más de que este modelo beneficia a los grupos concentrados sobre los pequeños productores”.
Las familias de la estancia El Quebracho en Santa Elena están conformadas por ex empleados del frigorífico homónimo, que cerró sus puertas en la década de 1990. El uso de las tierras fue acordado como parte de pago por la indemnización, y cuando el predio pasó a manos del Estado Provincial, se estableció un comodato. En la actualidad, el Gobierno provincial está en tratativas para vender esas tierras a una empresa privada: Tres Arroyos, que, según distintos periodistas, pagará menos de mil quinientos pesos la hectárea en un plazo de diez años. La firma puso como condición el desalojo de los colonos.
“Estos pequeños productores llevan en el lugar más de tres lustros, durante los cuales han trabajado y conformado sus familias, se han establecido. No sólo es un despropósito el desalojo cuando el mismo Gobierno cobraba un arriendo, sino que es una señal más del modelo que se lleva adelante en el país, sacrificando la fuente de ingreso de los pequeños productores en favor de los grupos concentrados”, opinó el diputado Lisandro Viale.
“Nuevamente el Gobierno provincial equivoca el camino, el gobernador debería frenar el desalojo en primer lugar y evaluar la mejor forma para que estas familias puedan mantener su producción y su ingreso”, sostuvo el diputado apoyando el reclamo de la FAA (Federación Agraria Argentina) y de su secretario gremial, Omar Príncipe.
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