El diputado Lisandro Viale (Partido Socialista – Frente Progresista) presentó un proyecto para citar a la Presidente del Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia, (Copnaf), a que brinde explicacionesacerca de las condiciones laborales, acuerdos interinstitucionales y la definición de políticas en ese organismo. Profesionales del Consejo han denunciado, entre otras cosas, sobredemanda de intervenciones, carga horaria excesiva, carencia de recursos materiales y edilicios.
La iniciativa del socialista fue presentada este jueves y tiene como objeto esclarecer situaciones que desde meses atrás, a veces por lo bajo y en otras ocasiones públicamente en la prensa, vienen realizando trabajadores y profesionales que se desempeñan en el Copnaf.
Lisandro Viale recordó que, “el Consejo Provincial del Niño, el Adolescente y la Familia ha sido noticia en la provincia de Entre Ríos por acusaciones de irregularidades, ineficiencia, nombramientos arbitrarios y presiones hacia el personal. En los últimos tiempos se han conocido graves denuncias públicas en relación con presuntos aprietes y persecuciones políticas dentro de la institución, así como también cuestionamientos hacia las acciones (o a la falta de ellas) y políticas de Estado respecto a la protección integral de la niñez. Lo que pretendemos es encontrar respuestas a estas cuestiones”, señaló el legislador.
La iniciativa de Viale enumera como obstáculos, entre otros, a los siguientes:
- Sobredemanda de intervenciones que se caracterizan por contextos complejos y de gravedad.
- Carga horaria excesiva atento a las problemáticas que se intervienen
- Carencia de recursos financieros, materiales e edilicios para sostener diariamente la praxis principalmente en el respeto de la privacidad que amerita cada situación familiar.
- Precariedad de las condiciones contractuales de los trabajadores.
- Dificultades para sostener la conformación de equipos profesionales que realicen intervenciones interdisciplinarias.
- Desestimación de las sugerencias de los profesionales en la asignación de los recursos.
- Ausencia de criterios para la delimitación territorial que contemple la idiosincrasia cultural de cada comunidad o barrio, las posibilidades intervención, la densidad poblacional, y las zonas programáticas de áreas desalud y educación.
- Dificultades para la concreción de la descentralización.
- Falta de abordaje y de seguimiento de las situaciones encuadradas en la Ley 9198.
- Falta de dispositivos institucionales específicos para la contención y referencia para los niños y jóvenes.
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