El presidente del Bloque de diputadas y diputados socialistas, Lisandro Viale, lamentó que la Comisión de Agricultura que se reunió esta tarde careció de poder resolutivo. Se iba a considerar el despacho común de Ley Regulatoria de la Integración Horizontal de la Avicultura y no fue posible aprobarla, pese a una gran cantidad de productores que se hicieron presentes para solicitar su aprobación, mayoritariamente de Entre Ríos.
''El despacho acordado tiene elementos de gran importancia para transparentar las relaciones entre los integrantes de la cadena avícola, después de 32 años sin regulación en el sector. Aportamos la conformación de un índice para calcular la retribución del granjero basado en las variables con las que éste se maneja: aumento de peso, conversión y mortandad de animales. Así deja de ser un misterio cuánto va a cobrar el productor por su trabajo’’, resaltó.
“Nuestros aportes fueron en el sentido de defender al productor de las arbitrariedades del frigorífico, que a veces hasta incide en la habilitación de los galpones de cría; y fomentar la avicultura familiar, determinando medidas para la sustentabilidad de este grupo de productores”.
Extranjerización de la tierra
Por otra parte, Viale presentó esta tarde un proyecto de Ley que restringe la compra de tierras por parte de personas físicas o jurídicas de nacionalidad extranjera, “No para agregar un proyecto más sino para hacer un aporte a la unificación de los que ya se presentaron y para rectificar además algunos gruesos errores que contiene la iniciativa del Poder Ejecutivo”, afirmó.
Acerca del mismo, dijo: “definimos en primer lugar qué son tierras rurales, pero aclaramos la excepción de aquellos inmuebles ubicados en las zonas de seguridad; sobre recursos naturales estratégicos o parques nacionales y los declarados de interés cultural”.
Sobre las diferencias con el proyecto del Poder Ejecutivo explicó ‘’nuestro proyecto no basa la restricción en la superficie o tamaño de las tierras, sino que aplica la restricción en función de la actividad que se realiza sobre la tierra: no producen lo mismo dos unidades económicas si en una se siembra trigo y la otra está enteramente dedicada a la producción de leche. De allí la propuesta de que solo puedan adquirir inmuebles rurales que no excedan las unidades económicas de producción (UEP) que les permitan obtener una facturación anual máxima igual a la definida por la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa (Sepyme) como el máximo para una empresa mediana”
Por último, un tema central que en el proyecto oficial se aborda con gruesos errores, según Viale, es el relevamiento para determinar la titularidad de tierras. “Entendemos que plantear un relevamiento general por parte del Poder Ejecutivo Nacional es impracticable y además desconoce la información y las capacidades existentes, especialmente en los Estados Provinciales”, afirmó, “por eso planteamos la conformación de una Agencia Nacional de los Catastros Territoriales, un organismo autárquico y menos burocrático, que dependerá del Ministerio del Interior y tendrá a su cargo el diseño de un sistema único de relevamiento y registro de inmuebles en el territorio de la Nación”.
